Armando Ríos Piter
México ha sufrido un deterioro en muchos órdenes de su quehacer cotidiano, pero lo visto el 4 de junio pasado, durante las elecciones en cuatro estados, fue realmente monstruoso. Todos contra todos en una guerra de despilfarro, en la que el ganador resultaría, forzosamente, quien tuviera mas tinacos para repartirlos a sus clientelas y más efectivo para comprar miles de votos.
12 de Junio de 2017
Parecía una lucha de gladiadores desiguales por su tamaño y peso; pero, eso sí, todos batidos de lodo, con las armas que pudieron agenciarse y dotados de cantidades exorbitantes de dinero, en la que ganó el peleador más tramposo e ilegítimamente mejor proveído.
En el Estado de México siempre flotó en el ambiente la evidencia de una elección de Estado en favor de su candidato. El amor propio, al ser la tierra del grupo en el poder, así como la necesidad de mantener la guarida histórica del priismo más corrupto del país, fueron los motores de un gasto público y privado descomunal. Aun así, en lugar de diferenciarse, todos los otros partidos se dedicaron a conquistar a los votantes con dinero o con la entrega de artículos, ante la mirada atónita e inútil de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
En el Edomex, con apenas un 33% de los votos, el PRI se alzó con el triunfo por un pequeño margen sobre la candidata de Morena. Ante la escasa votación, la baja representatividad, aviva nuevamente la discusión de la segunda vuelta en el preludio a las elecciones de 2018.
Más preocupante es que el comportamiento de los partidos haya sido similar en todos lados. La operación electoral estuvo presente también en Veracruz, pero allá a cargo y en beneficio del PAN-PRD, donde las presiones electorales fueron lideradas por el propio gobernador en beneficio de sus correligionarios. También, la evidencia de robo de urnas en Coahuila es sólo una pequeña, pero penosa, muestra de cómo el PRI triunfó en esa entidad, pese al inigualable ejemplo de impunidad patrocinado por los hermanos Moreira.
Aún frente a todos estos excesos, y contar con más de mil denuncias sobre delitos electorales, la procuración de justicia en materia electoral brilló por su ausencia. Fue incapaz de evitar que los competidores mantuvieran un gasto exorbitante y oprobioso. El desprestigio de la elección es del tamaño de la judicialización de la misma.
Por último, si se piensa en una elección de Estado, a pocos debería extrañar el anuncio de la detención de Roberto Borge Angulo, exgobernador de Quintana Roo, en medio de un turbio clima electoral, justamente el día de las elecciones. No es de dudarse que, en un momento de desesperación, se anuncie la captura de los Moreira o algún otro pillo instalado en el subconsciente popular, el próximo año, cuando se realicen los comicios para presidente de la República. La aplicación de la ley como un utensilio más del juego político.
Una vez terminada la elección, los ciudadanos cuentan con 12 meses para revisar las lecciones frente a todo aquello que no debe ocurrir nuevamente.
Primero que nada, no debe hacerse más política con tanto tiradero de dinero. Es necesario que éste sirva mejor para solucionar muchos males que aquejan a nuestro país. Tenemos 358 días para concientizar a toda la población, no sólo de buscar una mayor eficiencia en el uso del dinero público y privado, sino de que cada peso gastado en un tinaco o despensa implica empeñar la actividad pública a algún compadre que, tras haber financiado la campaña, andará en busca de algún contrato.
Los candidatos independientes son los únicos que tienen la oportunidad de actuar fuera de estos esquemas y mantenerse libres de estos excesos. Debemos mover la agenda hacia adelante y evitar la inercia absurda que los partidos quisieran privilegiar; desde analizar a fondo la opción de la segunda vuelta, hasta generar mecanismos que garanticen la actuación de la Fepade en tiempo real, con el fin de disuadir a los competidores de no mantener sus fechorías. Debemos evitar otro lodazal en 2018, el tiempo apremia.